Medidas urgentes desde los ayuntamientos y Una ley A la catalana para el País Vasco y las demás Autonomías

La Ley 24/2015 salva vidas y no podemos permitir ni un incumplimiento más por parte de ninguna empresa suministradora

En materia de pobreza energética:

• Garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24/2015 que no ha sido afectado por el recurso del Tribunal Constitucional. Para evitar que se vuelva a producir un incumplimiento de la ley de consecuencias fatales como ha sido la muerte de Rosa en Reus:

• En el plazo máximo de una semana iniciar inspecciones de oficio por los incumplimientos de la Ley 24/2015 por parte de las compañías suministradoras aplicando las sanciones correspondientes. Estas inspecciones deben ser periódicas y hacerse públicas así como cuáles son las empresas que incumplen y las sanciones que se apliquen. En el caso de Reus, imponer a Gas Natural la sanción máxima que permita la ley por su incumplimiento, 1 millón de euros.

• Establecer, en los Pliegos de cláusulas administrativas y/o prescripciones técnicas de los contratos a formalizar por parte de las Administraciones Públicas, la prohibición expresa de contratar con empresas suministradoras que tengan sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley 24/2015.

• Que la Administración ponga las herramientas para que los servicios de emergencia puedan detectar, identificar y tipificar los casos de incendios relacionados con la pobreza energética.

Dar una solución real al problema de la deuda de las familias y dejar de dedicar fondos públicos a pagar las facturas

• Firmar los convenios, en el plazo máximo de una semana, para que las compañías suministradoras se comprometan a asumir su responsabilidad para dar una solución al problema de la deuda que ahoga a las familias en riesgo de exclusión residencial. En el caso de que éstas se nieguen, exigimos a la Generalitat que haga denuncia pública de su insensibilidad y negativa a dar una solución al problema y que utilice herramientas coercitivas y de presión para obligarlas a firmar.

• Destinar los fondos públicos aportados al Fondo de atención solidaria a medidas de eficiencia energética y rehabilitación de edificios, adoptando mecanismos de corresponsabilización o acuerdo con la propiedad para que las intervenciones de mejora en viviendas de alquiler puedan derivar tanto en rebaja del precio del alquiler como en protección frente a incrementos futuros. Impulsar, a través del Fondo de atención solidaria, planes de inserción y recualificación profesional para personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral normalizado en el ámbito de la eficiencia energética y de la rehabilitación de edificios y viviendas, con el objetivo de convertir la respuesta a este problema en una oportunidad para muchas personas en riesgo de exclusión social.

• Revisar los contratos del parque público de viviendas para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos, ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas.

Exigir a las compañías suministradoras la firma de los convenios que establece la Ley 24/2015 por los que estas deben comprometerse a:

• Condonar la deuda acumulada por las familias para dar a éstas una segunda oportunidad
• Revisar de oficio los contratos para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas
• Si aun así, las familias no pueden asumir el coste de las facturas de los suministros básicos a pesar de tener unos consumos ajustados, aplicar un descuento en la factura rebajando su precio hasta que el coste sea asumible para la familia, teniendo como referencia que el gasto en los suministros básicos no puede superar el 10% de los ingresos de la unidad familiar
• Regularizar el servicio de las familias que viven en viviendas sin titularidad y/o contrato del servicio

Por otra parte, las entidades aquí firmantes creemos necesario trabajar la propuesta de una tarifa social, alternativa al bono social actual totalmente insuficiente y que no da respuesta a la situación de las familias, por lo que convocaremos a mediados de enero un encuentro con entidades catalanas y del resto del Estado para empezar a trabajar en ello.