Colectivos sociales denuncian que el incremento de la RGI se ligue al IP...

Publicado el 9 ene. 2017

Colectivos sociales de Bizkaia se han movilización para denunciar que el Gobierno Vasco vaya a ligar el incremento de la RGI al IPC y no al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), como marca la propia Ley.

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Reclamamos la paralización de los cortes de luz a familias con problemas económicos. Queremos poner fin a los abusos que afectan a un servicio esencial, por lo que exigimos al Gobierno que regule una tarifa asequible a la que puedan acogerse todos los consumidores domésticos y una auténtica tarifa social para familias con bajos niveles de renta.

Medidas urgentes desde los ayuntamientos y Una ley A la catalana para el País Vasco y las demás Autonomías

La Ley 24/2015 salva vidas y no podemos permitir ni un incumplimiento más por parte de ninguna empresa suministradora

En materia de pobreza energética:

• Garantizar el cumplimiento del artículo 6 de la Ley 24/2015 que no ha sido afectado por el recurso del Tribunal Constitucional. Para evitar que se vuelva a producir un incumplimiento de la ley de consecuencias fatales como ha sido la muerte de Rosa en Reus:

• En el plazo máximo de una semana iniciar inspecciones de oficio por los incumplimientos de la Ley 24/2015 por parte de las compañías suministradoras aplicando las sanciones correspondientes. Estas inspecciones deben ser periódicas y hacerse públicas así como cuáles son las empresas que incumplen y las sanciones que se apliquen. En el caso de Reus, imponer a Gas Natural la sanción máxima que permita la ley por su incumplimiento, 1 millón de euros.

• Establecer, en los Pliegos de cláusulas administrativas y/o prescripciones técnicas de los contratos a formalizar por parte de las Administraciones Públicas, la prohibición expresa de contratar con empresas suministradoras que tengan sanciones impuestas por incumplimiento de la Ley 24/2015.

• Que la Administración ponga las herramientas para que los servicios de emergencia puedan detectar, identificar y tipificar los casos de incendios relacionados con la pobreza energética.

Dar una solución real al problema de la deuda de las familias y dejar de dedicar fondos públicos a pagar las facturas

• Firmar los convenios, en el plazo máximo de una semana, para que las compañías suministradoras se comprometan a asumir su responsabilidad para dar una solución al problema de la deuda que ahoga a las familias en riesgo de exclusión residencial. En el caso de que éstas se nieguen, exigimos a la Generalitat que haga denuncia pública de su insensibilidad y negativa a dar una solución al problema y que utilice herramientas coercitivas y de presión para obligarlas a firmar.

• Destinar los fondos públicos aportados al Fondo de atención solidaria a medidas de eficiencia energética y rehabilitación de edificios, adoptando mecanismos de corresponsabilización o acuerdo con la propiedad para que las intervenciones de mejora en viviendas de alquiler puedan derivar tanto en rebaja del precio del alquiler como en protección frente a incrementos futuros. Impulsar, a través del Fondo de atención solidaria, planes de inserción y recualificación profesional para personas que tienen dificultades de acceso al mercado laboral normalizado en el ámbito de la eficiencia energética y de la rehabilitación de edificios y viviendas, con el objetivo de convertir la respuesta a este problema en una oportunidad para muchas personas en riesgo de exclusión social.

• Revisar los contratos del parque público de viviendas para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos, ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas.

Exigir a las compañías suministradoras la firma de los convenios que establece la Ley 24/2015 por los que estas deben comprometerse a:

• Condonar la deuda acumulada por las familias para dar a éstas una segunda oportunidad
• Revisar de oficio los contratos para ofrecer el precio mínimo de los suministros básicos ofreciendo tarifas sociales y potencias adecuadas
• Si aun así, las familias no pueden asumir el coste de las facturas de los suministros básicos a pesar de tener unos consumos ajustados, aplicar un descuento en la factura rebajando su precio hasta que el coste sea asumible para la familia, teniendo como referencia que el gasto en los suministros básicos no puede superar el 10% de los ingresos de la unidad familiar
• Regularizar el servicio de las familias que viven en viviendas sin titularidad y/o contrato del servicio

Por otra parte, las entidades aquí firmantes creemos necesario trabajar la propuesta de una tarifa social, alternativa al bono social actual totalmente insuficiente y que no da respuesta a la situación de las familias, por lo que convocaremos a mediados de enero un encuentro con entidades catalanas y del resto del Estado para empezar a trabajar en ello.

Movilizate contra sanciones tributarias

OCU inicia una campaña contra las sanciones tributarias injustas

15 sep 2016

Cada año cientos de miles de contribuyentes son sancionados por las distintas administraciones tributarias. OCU ha comprobado que muchas de estas sanciones incumplen la obligación que tiene la Administración de acreditar la culpabilidad del contribuyente y demostrar la existencia real de la infracción

Son sanciones injustas que no cumplen los requisitos legales. Por todo ello OCU pone en marcha a través de su web:http://www.ocu.org/movilizate/contra-sanciones-tributarias una campaña contra las sanciones tributarias injustas.

OCU señala que la Ley establece que, cuando un contribuyente incumple una obligación tributaria, además de exigir su cumplimiento la Administración puede imponer una sanción si este constituye una infracción. En la mayoría de los casos las Administraciones, Hacienda por ejemplo, se limitan a comunicar la existencia de la sanción sin expresar en qué consistió la negligencia, el dolo o acreditar la culpabilidad del contribuyente. Este hecho provoca que se impongan sanciones de forma automática sin atender a las circunstancias personales de cada contribuyente, sin atender por ejemplo a la presentación de una declaración complementaria. Son sanciones que no cumplen la normativa por no justificar la culpabilidad del contribuyente y son injustas tal y como reconocen distintos Tribunales de Justicia, incluido el Tribunal Supremo

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Fraude en el alquiler de contadores: tras la denuncia de FACUA, la Junta multa a Endesa con 1,8 millones

FACUA también ha logrado una sentencia contra Endesa

400.000 euros más el comiso del beneficio ilícito: 1,39 millones obtenidos por la aplicación de tarifas ilegales en el alquiler de contadores de telegestión a 350.000 usuarios.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó
la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados. | Imagen: Europa Press.
FACUA.org

Andalucía - 13/9/2016

        

Tras la denuncia presentada por FACUA Andalucía en 2014, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado este martes sancionar a Endesa Distribución con 400.000 euros y el comiso de 1,39 millones de beneficio ilícito por aplicar a 350.000 usuarios tarifas ilegales por el alquiler de sus contadores de la luz. Al igual que el resto de grandes distribuidoras, tras sustituir los contadores por sus nuevos equipos de medida digitales, la compañía ha venido cobrando las tarifas que la normativa del sector sólo permite cuando tienen activada la telegestión, pese a que cientos de miles de equipos no ofrecían estas prestaciones.

La denuncia de FACUA Andalucía, presentada en noviembre de 2014 ante la Secretaría General de Consumo, fue derivada por ésta al Servicio de Consumo de Jaén, que procedió a archivarla. La federación de consumidores presentó un recurso en julio de 2015. La Junta notificó a FACUA en octubre de 2015 que procedía a abrir expediente sancionador, sin que hasta la fecha le haya facilitado más información sobre el caso.

FACUA Andalucía muestra su satisfacción ante este éxito en la lucha por los derechos de los consumidores e insta al resto de gobiernos autonómicos a que sancionen a las grandes distribuidoras eléctricas por este fraude masivo. Las irregularidades fueron también denunciadas por FACUA ante el resto de autoridades autonómicas de protección al consumidor a finales de 2014 y ante el Ministerio de Industria. En este sentido, la organización denuncia la pasividad del Ministerio ante este fraude masivo, pese a que la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya le ha advertido de su ilegalidad en dos informes.

Asimismo, FACUA Andalucía valora de forma positiva que por fin, tras sus históricas reivindicaciones, la autoridad de consumo andaluza haya incluido en una sanción el comiso de la cantidad defraudada. No obstante, la federación critica que la Junta de Andalucía no la haya informado de la decisión de multar a Endesa y lamenta que el Ejecutivo haya decidido ocultar, en la información que ha difundido públicamente, que la sanción es fruto de una denuncia de FACUA Andalucía.

FACUA ganó una demanda contra Endesa

El pasado julio, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Sevilla dictó una sentencia (descárgala aquí) en la que determina que Endesa incurre en cláusulas abusivas al cobrar por el alquiler de sus nuevos contadores una tarifa que sólo es aplicable si estos tienen habilitadas las prestaciones propias de la telegestión.

La demanda fue interpuesta por la secretaria general de FACUA Sevilla, Rocío Algeciras, en el marco de la campaña que la organización desarrolla a nivel nacional a través de la web FACUA.org/contadores para promover que los usuarios lleven a los tribunales a las eléctricas por hinchar un 50% las tarifas del alquiler de los contadores.

Al igual que Iberdrola, Gas Natural Fenosa, EDP HC Energía y E.On, Endesa ha venido cobrando 81 céntimos mensuales por el alquiler de contadores habilitados para la telegestión pero sin que ésta funcionase aún. El importe representa 33 céntimos por encima de la tarifa autorizada para estos equipos de medida, ya que sus prestaciones recibidas son las mismas que las de un contador analógico.

Tras requerir información y documentación a la distribuidora, la Administración autonómica confirmó la existencia de 351.050 contadores de telegestión no integrados, por los que se estaba cobrando un precio de alquiler "abusivo" e incurriéndose en una infracción "muy grave" de la normativa de protección al consumidor.

400.000 euros y el comiso de los 1,39 millones de beneficio

Una vez analizadas y descartadas las alegaciones de la compañía, la Junta ha decidido imponer la cuantía más elevada de las previstas para las cláusulas abusivas en contratos, 400.000 euros, "al darse el agravante de reiteración por haber sido ya sancionada la distribuidora en los dos años anteriores y haber ocasionado perjuicios valorados en más de 50.000 euros", según el comunicado hecho público por el Ejecutivo autonómico.

De igual modo, la administración autonómica ha tenido en cuenta que Endesa ha cometido la infracción valiéndose de su situación preeminente en un sector, como el de la distribución eléctrica, que presta un servicio de uso ordinario y generalizado. La compañía cuenta con más de 4,64 millones de abonados en Andalucía, acaparando el 94 por ciento del total.

En cuanto al comiso del beneficio de 1,39 millones de euros, esta cantidad resulta de multiplicar la cifra de 351.050 contadores de telegestión instalados irregularmente en Andalucía por los 3,96 euros anuales de más (0,33 mensuales, IVA incluido) que la compañía cobró indebidamente por su alquiler durante el año 2014.

Haz valer la garantía, estás en tu derecho con la grantia de tus compras

Haz valer la garantía, estás en tu derecho


05 septiembre 2016


Comprobamos que la información en los documentos de garantía de diferentes marcas de productos tecnológicos suele ser incompleta y confusa. Sin embargo, diga lo que diga el fabricante o el vendedor, la garantía es un derecho irrenunciable y los ordenadores, tabletas y smartphones nuevos tienen 2 años por ley. ¡Garantizado!

Garantía legal, desde la fecha de entrega


Como consumidor es importante que sepas que, diga lo que diga el documento que te entrega el fabricante o el vendedor, la garantía es un derecho irrenunciable que la ley te otorga. Esto es válido para la compra de un producto nuevo o de segunda mano, comprado en una tienda convencional o en una tienda por internet.
Dos años en productos nuevos y un año en los de segunda mano

Cualquier producto nuevo que se compre a una empresa, profesional o comerciante para su consumo privado debe estar garantizado durante dos años desde la entrega (no desde la fecha de la factura como indica LG) y, durante un año, como mínimo, si es de segunda mano. Woxter la limita a 6 meses para accesorios y a un año para baterías; LG a noventa días para los medios o soportes de software; Huawei a 6 meses la batería y a 3 el cargador. Entre particulares es diferente.



Si ese producto presenta cualquier fallo, debe ser subsanado mediante la reparación, sustitución, rebaja del precio o la resolución del contrato, es decir, devolución del dinero pagado. En el caso de que el producto tenga un defecto, puedes elegir entre la reparación o la sustitución gratuitas, sin gastos de transporte, mano de obra o materiales. El vendedor, debe atenerse a ello, siempre que la solución elegida no sea imposible o desproporcionada. Si eliges reparar el producto, pero cuando te lo entregan sigue teniendo algún fallo, puedes exigir su sustitución, salvo que esta opción resulte imposible o desproporcionada, y en ese caso podrás elegir la rebaja del precio o la resolución del contrato. Además, debes tener en cuenta que durante la reparación como en la sustitución se suspenden los plazos de duración de la garantía.



Por otra parte, se entiende que las faltas de conformidad que se manifiesten en los seis meses posteriores a la entrega del producto nuevo o de segunda mano ya existían cuando la cosa se entregó. Recuerda que la reclamación debes dirigirla al vendedor, a no ser que le resulte imposible o le suponga una carga excesiva. En tal caso puedes dirigirte al fabricante, productor o importador, pero solo para obtener la sustitución o la reparación del producto. En cuanto a los regalos que se ofrecen con estos productos, tienen la misma garantía.




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la lucha contra el cambio climático, ha presentado 10 recomendaciones para avanzar hacia una economía verde

El Grupo Verde Crecimiento español , un grupo de empresas españolas que están comprometidas con la lucha contra el cambio climático, ha presentado 10 recomendaciones para avanzar hacia una economía verde, baja en emisiones y ofrece un crecimiento sostenible

El documento, denominado Declaración de Barcelona, ​​se presentó en la Carbon Expo 2015 ;su objetivo es delinear un plan de desarrollo sostenible hacia un modelo de crecimiento verde en España. La declaración contiene las 10 recomendaciones siguientes:

Energía renovable

1. Reconocer la economía verde como una fuente de crecimiento económico y la prosperidad, y tener en cuenta las externalidades ambientales negativas.
2. Aprobar las políticas que fortalecen la opción verde a través de las políticas económicas del gobierno que facilitan esta transición.
3. Establecer un marco regulatorio que es estable, predecible y transparente, y que ayuda a movilizar el capital privado necesario.
4. Eliminar la burocracia y garantizar la coordinación institucional. Una disparidad de la legislación puede dar lugar a inseguridad jurídica que detiene la inversión en estas áreas.
5. Promover la investigación, la innovación y la tecnología como motores del crecimiento y de la creación de conocimiento.
6. Promover la información y la sensibilización de la opinión pública. Los ciudadanos deben ser vistos como los protagonistas de cualquier estrategia de crecimiento verde.
7. Desarrollar las capacidades de financiación y eliminar las barreras con el fin de efectuar una transformación a largo plazo de la economía.
8. Todos los sectores, especialmente en el sector energético, deben contribuir a la descarbonización de la economía.
9. Incentivar las asociaciones público-privadas, proporcionando un marco estable y transparente y la seguridad jurídica.
10. Revisar la fiscalidad para que apoye el crecimiento verde

El verde grupo de crecimiento español , de los cuales ACCIONA es miembro, es un grupo de empresas en España que tienen como objetivo transmitir a la sociedad y al gobierno su visión de un modelo de crecimiento económico que sea compatible con el uso eficiente de los recursos naturales. A tal fin, los ciudadanos, empresas y el gobierno deben trabajar juntos.